extractado por maty
PERIODISTA DIGITAL EPOCA: ¿Oprime la Generalitat a parte de sus ciudadanos?
Una sociedad, aparentemente, moderna y avanzada como la catalana asiste en silencio -con meritorias excepciones- a un vasto proceso de conculcación de la libertad personal, que recuerda a la dictadura benévola que describiera Alexis de Tocqueville, compatible con los formalismos democráticos.
Todo se hace en nombre del nacionalismo, convertido en una especie de pulsión pseudorreligiosa.
"La libertad de enseñanza ha desaparecido de hecho del modelo educativo catalán. Los padres han visto expropiado, por la Generalitat, su derecho a decidir sobre la educación de sus hijos.
La excusa, sin duda, es la imposición del idioma catalán, dentro del proyecto global secesionista, mas la consecuencia es que el poder político catalán no hace otra cosa que avanzar desbocado por la senda del despotismo.
Y no es cuestión menor que los principios legales generales -empezando por la Constitución y el Estatuto vigente- son soslayados por la Administración autonómica. Si la Generalitat es Estado, lo es como invasor de la esfera privada y como depredador de la sociedad civil. El nuevo Estatuto no hace otra cosa que empeorar las cosas con un intervencionismo salvaje."
La Generalitat propugna y fomenta el ánimo delator.
"Así se resalta que “las denuncias de ciudadanos que han llegado a la agencia por vulneración de la normativa lingüística han aumentado de forma muy considerable”: de seis en 2002 a 241 en 2003, y a 367 en 2004.
Esquerra Republicana distribuye entre sus afiliados formularios de denuncia dentro de campañas selectivas. Ahora el objetivo son las delegaciones y administraciones del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. La llegada del tripartito ha disparado el sectarismo."
La responsabilidad de Aznar
"Una fecha estelar de la opresión que sufren los ciudadanos de Cataluña a manos de la Generalitat es el 7 de enero de 1998. Ese día se aprobó la Ley de Política Lingüística. Fue la primera modificación espuria de la Constitución, en concreto de su artículo 3. Se pasó de la cooficialidad a un régimen de monolingüismo territorial.
| CONSTITUCION ESPAÑOLA. Título preliminar: artículo 3 |
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El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
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Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
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La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
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Ante la total pasividad de los partidos políticos, Convivencia Cívica Catalana presentó ante el Defensor del Pueblo -Fernando álvarez de Miranda en aquellos momentos- la solicitud de interposición de un recurso de inconstitucionalidad, en base a un dictamen elaborado por Tomás Ramón Fernández.
El Defensor del Pueblo encargó sus propios dictámenes y comunicó a Convivencia Cívica la decisión de presentar el recurso, a la vista de la unanimidad -respecto a la inconstitucionalidad- de tres prestigiosos juristas: Sebastián Martín Retortillo, Antonio López-Pina y Jesús Prieto de Pedro.
Una filtración desde la oficina del Defensor alertó a Jordi Pujol, quien encargó a Miguel Roca que solicitara de los padres de la Constitución informes favorables. Sólo se prestó Miguel Herrero de Miñón, quien en 24 horas emitió un informe favorable a la constitucionalidad.
La Generalitat envío dos emisarios a entrevistarse con Fernando Alvarez de Miranda, a quien amenazaron con romper el pacto de gobernabilidad y con que no podían responder de lo que hiciera “la calle”.
Lo que terminó por decidir al Defensor del Pueblo para dar marcha atrás en su decisión fue la llamada de José María Aznar para ordenarle que no presentara el recurso.
ENLACES DE INTERES

(*) NOTA de maty: sí que se imparte la asignatura de castellano, las dos/tres horas semanales en que el español es utilizado como lengua vehicular. "Na más".
Hasta las enseñanzas medias, impera la imposición del catalán, salvo en la asignatura anteriormente citada. En la universidad, no hay tal imposición legal, pero sí cada vez más por la vía de los hechos, subvenciones, aspiraciones profesionales...